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Ayer el gobierno francés decretó el estado de emergencia en el archipiélago de Nueva Caledonia, en Polinesia, donde cuatro personas han muerto. Macron convocó un nuevo consejo de defensa esta mañana y propuso a la administración colonial una reunión por videoconferencia.

A 17.000 kilómetros de París, Nueva Caledonia se encuentra ahora en medio de un levantamiento anticolonial como no se había experimentado desde los años ochenta, una situación considerada “insurreccional” por el Alto Comisionado de la República en Nueva Caledonia, Louis Le Franc.

El gobierno ha enviado cuatro escuadrones móviles de la Gendarmería y refuerzos de las unidades de intervención de la policía nacional, que se suman a los 1.800 miembros del aparato represivo que ya están desplegados en el Archipiélag.

Macron ha enviado al ejército para proteger el puerto y el aeropuerto de Numea y se prohibió la red social TikTok. Además, el estado de emergencia restringe la libertad de circulación y de reunión.

“Nuestra prioridad absoluta es el retorno al orden y a la calma”, declaró ayer el Primer Ministro francés, Gabriel Attal, en la apertura de una reunión interministerial de crisis con el ministro de Interior, Gérald Darmanin, el de Justicia, Eric Dupond-Moretti, y el ministro del ejército, Sebastien Lecornu.

“Toda violencia es intolerable y será objeto de una respuesta implacable para garantizar el restablecimiento del orden republicano”, dijo un portavoz del Presidente de la República, que tuvo que suspender dos viajes a Normandía debido al levantamiento antocolonial.

Macron convocó una primera reunión del consejo de defensa y seguridad nacional sobre la insurrección de la isla. Está prevista una segunda reunión para hoy.

La crisis que estalló hace tres días por una reforma del organismo electoral local impugnada por los independentistas kanaks, que temen quedar permanentemente en minoría. El proyecto de ley constitucional prevé abrir el voto en las próximas elecciones provinciales a todos los ciudadanos que residan en Nueva Caledonia desde hace diez años (es decir, 25.000 votantes más).

Fue aprobada por los diputados tal como había quedado en el Senado. El Frente Kanako Socialista de Liberación Nacional quiere su retirada, para preservar las condiciones para la obtención de un acuerdo político general entre los kanakos y la metrópoli.

Un centro para el destierro de los presos políticos

Nueva Caledonia es una colonia francesa de ultramar, ubicada en el Océano Pacífico. Fue conquistada militarmente por Napoleón III a mediados del siglo XIX, convirtiéndose en un centro de deportación.

En total, 22.542 condenados a trabajos forzados y 3.796 multireincidentes fueron confinados en el Océano Pacífico. Además de los presos comunes tras la feroz represión desatada por la Comuna de París, llegaron 4.253 revolucionarios presos. Louise Michel estuvo desterrada durante siete años en Nueva Caledonia.

Según el Código Penal de 1810, la pena de deportación “consiste en ser transportado y permanecer de por vida en un lugar determinado por el gobierno, fuera del territorio continental del Imperio”. El 23 de marzo de 1872, la Asamblea Nacional ratificó el destierro de los insurgentes de la Comuna de París. Después de cinco meses de travesía encerrados en jaulas en los buques de guerra, los condenados eran desembarcados en la Isla de los Pinos.

Unos años antes Francia había firmado un tratado con un jefe local de la tribu kuniés que habitaban la Isla y empezó a trasladar a los miembros autóctonos de un lado de la costa al otro para alojar a los desterrados.

Fue la primera de una larga serie de expolios, que dieron lugar a varias revueltas locales que desembocaron en la insurrección del 25 de junio de 1878 contra el saqueo de tierras para alojar a los convictos. Los kanakos se organizaron para oponerse a la administración colonial y la rebelión duró diez meses. Más de 1.200 kanakos murieron.

La segunda ola colonial

La implementación de una política de cantones por parte de la metrópli francesa alimentó el clima insurreccional. Al relegar a los kanakos a las reservas indígenas, la administración colonial quería fomentar la llegada de nuevos colonos asignándoles las tierras más fértiles.

Surgió una segunda ola de emigrantes para revitalizar la colonia mediante la creación de una sociedad que, además de los autóctonos, debía combinar a los libres con los proscritos. Eran ciudadanos de primera y de segunda (súbditos), donde los kanakos no eran considerados como ciudadanos franceses y, como tales, carecían de la mayoría de sus derechos y libertades políticos.

El código sometía a los nativos a trabajos forzados, les prohibía la circulación nocturna, les imponía las requisas de sus bienes, impuestos y un conjunto de medidas represivas y expoliadoras.

En 1931 Francia cerró el último centro penitenciario que tenía en Nueva Caledonia, la Cuarta República le adjudicó la condición de “territorio de ultramar” y en 1957 toda la población obtuvo el derecho al voto.

En la década de los setenta, una nueva ola de emigración amplió la brecha entre los metropolitanos y los kanakos, que empezaron a exigir la devolución de las tierras robadas.

En 1998 se aprobaron los Acuerdos de Noumea, que reformaron la Constitución francesa y organizaron una transferencia gradual de competencias de la metrópoli a las instituciones caledonias. Los acuerdos también exigían la convocatoria de un referéndum de autodeterminación antes de 20 años.

En 2018 el 56,7 por cien de los vecinos se opuso a la independencia, como consecuencia del peso de la población metropolitana y los emigrantes que votaron a favor de la unidad con la metrópoli.

Fuente: mpr 21

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