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La construcción del nuevo enemigo global se superpone con el proceso de problematización creciente de las migraciones en Europa, sobre todo las que proceden de las antiguas colonias europeas, y de la presencia de personas de esos orígenes. Es un problema que tiene características diferentes en cada país pero que ha conocido una tendencia a la homogeneización en todo el espacio europeo (Rea, 2006). Dado que esta investigación explora fundamentalmente los discursos y prácticas del activismo respecto al racismo y la islamofobia como problema social, voy a extenderme sobre esta dimensión interior o doméstica del problema algo más que sobre la faceta internacional. Para ello, tomaré como referencia principalmente lo ocurrido en Francia y el Reino Unido, que fueron los principales y más tempranos receptores de migraciones extraeuropeas y

aplicaron modelos distintos de gestión, aunque ocasionalmente se hará referencia también a otros países como Alemania, Holanda o Bélgica.

Las migraciones, entre el fordismo y el posfordismo

La dimensión interior de la islamofobia es relevante sobre todo en aquellos países en los que ha existido una importante inmigración de trabajadores procedentes de países de mayoría musulmana, como los de Europa occidental. En otros contextos, como los de Estados Unidos, Canadá o Australia, la cuestión musulmana se alimenta más de la política internacional que de factores sociales internos, aunque estos existan también. Mumia Abu-Jamal señala en su prefacio al libro Islamophobia de Stephen Sheehi (2011) que la situación de las personas de tradición musulmana en Estados Unidos se parece más a la de los estadounidenses de origen japonés (japanese americans) durante la Segunda Guerra Mundial que a la de los afroamericanos (Hajjat y Mohammed, 2016: 105).

Las migraciones respecto a las cuales se construyó la islamofobia en Europa son las que llegaron procedentes de países de mayoría musulmana atraídas inicialmente por la «edad dorada» del capitalismo: los años que mediaron entre la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1973. Esas tres décadas constituyeron el periodo de máxima expansión de la economía capitalista en los países desarrollados y su signo característico fue la producción en masa, que requería grandes contingentes de mano de obra poco cualificada, por lo que la inmigración se incentivó desde los distintos Estados. Las migraciones continuaron durante y después de los procesos de reestructuración de la producción y de las relaciones sociales que se pusieron en marcha a partir de los años setenta y que dieron lugar a la sociedad posindustrial. Las migraciones

más tempranas afectaron inicialmente a los países más desarrollados (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, el Reino Unido y Suiza); algo después, a los países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia), y más recientemente a países que en las primeras etapas fueron proveedores de mano de obra para los países más desarrollados y que posteriormente se han convertido en países de recepción (España, Italia, Grecia y Portugal). Las migraciones en su conjunto han supuesto profundas transformaciones en la composición cultural de las sociedades europeas. Los distintos Estados receptores han tenido relaciones muy diversas con los países de procedencia de las migraciones y asimismo aplicaron distintos modelos de gestión de las mismas. Sin embargo, las diversas políticas y también la problematización ligada a la inmigración han ido convergiendo con

el tiempo en los diferentes países, debido en gran medida al proceso de integración europea y a la creación de marcos institucionales comunitarios para la gestión migratoria (Rea, 2006: 159).

No todos los movimientos migratorios que se inician en la segunda mitad del siglo XX en Europa han sido problematizados de la misma manera. Como señalan Göle (2007 [2005]: 19), Rea (2006: 159) y otros, las personas de cultura musulmana y los subsaharianos (que también pueden ser de cultura musulmana) son quienes arrastran en mayor medida el sambenito de intrusos y alimentan los miedos colectivos (choque cultural, competencia por los recursos, violencia, etc.). En ello intervienen varios factores.

Uno de ellos es el carácter de colonias y excolonias que tienen algunos de los países de origen de las migraciones más recientes, frente a las más antiguas. Otro es la temporalización de las distintas oleadas migratorias y su relación con el cambio de paradigma de la sociedad industrial a la posindustrial, por lo que se explicarán brevemente a continuación las transformaciones sociales y del sistema productivo para constatar su efecto en las poblaciones migrantes.

Durante las tres décadas de la «edad dorada », la norma fue la producción de mercancías estandarizadas y en grandes series: era el modo de producción fordista, que implica una fabricación en masa y un consumo también masivo por parte de los propios productores, gracias a las políticas keynesianas o de Estado del bienestar. El Estado tenía un papel intervencionista, estaba implicado en el proceso de acumulación a través de la asunción de importantes costes de capital fijo y capital variable y era mediador en el conflicto capital/trabajo, para lo cual protegía el papel de los sindicatos en la negociación colectiva y contaba con formaciones de izquierdas, sobre todo solcialdemócratas, en tareas de gobierno. La parte más relevante del intervencionismo estatal era el Estado del bienestar (welfare state), concepto que tiene sus raíces inmediatas en el New Deal estadounidense (1929) y en la teoría económica propuesta por John Maynard Keynes (1936), que

apostaba por la intervención estatal directa en materia de gasto público para regular las crisis y la conflictividad social. Este Estado-Plan, como lo llamó Antonio Negri, «maestro de obras y operador general de la reproducción del trabajo asalariado» (Domínguez Sánchez-Pinilla, 2009: 2249) era una respuesta a la amenaza revolucionaria del periodo de entreguerras y un posicionamiento en el marco de la guerra fría, que buscaba desactivar las simpatías y apoyos al bloque socialista en las sociedades occidentales. En ocasiones se ha designado esta metamorfosis de los sistemas sociales —que también aplicó a su modo el fascismo en los años treinta y cuarenta— con la expresión aparentemente paradójica de «socialismo del capital». Con ella se alude al papel determinante que asume el Estado como garante frente al laissez-faire liberal, a los procesos de centralización y planificación públicas, a las políticas de pleno empleo y al Estado del bienestar (Luogo Comune, 1999 [1993]). En este nuevo paradigma, los partidos socialdemócratas se implicaron plenamente en la gestión del Estado, los partidos comunistas mantuvieron una relación de cercanía conflictiva con los gobiernos y los sindicatos se integraron en la gestión empresarial, centrando sus reivindicaciones en las condiciones de trabajo y los salarios. El Estado era el encargado de la reproducción de la fuerza de trabajo, mediante políticas sociales, y la redistribución de bienes y servicios a sectores de la población pasiva. La estabilidad laboral y los servicios sociales brindaban a la clase obrera acceso al consumo masivo, al crédito, a la vivienda, a la educación superior, y en definitiva a la posibilidad de movilidad social.

Una de las características sobresalientes de este modelo estatal que más adelante quedará vinculada a la problematización de la inmigración es la concentración obrera y productiva. Las nuevas políticas de encuadramiento de la fuerza de trabajo creadas para permitir el desarrollo de esta producción en masa suponían el asentamiento de los trabajadores en torno a las nuevas concentraciones industriales, levantadas en los espacios periurbanos, que daban lugar a nuevos núcleos de población. En segundo lugar, desde el momento en que esa fuerza de trabajo quedaba separada de las bases domésticas de las que procedía (en el medio rural o en otro país), era preciso asegurar su reproducción por medios monetarios y mercantiles, por el consumo de mercancías producidas en la gran industria capitalista, con lo que se aseguraba su total dependencia de la misma. Y en tercer lugar, se producía la especialización de los trabajadores en las tareas de la producción en masa (en cadena, en el caso de las fábricas) para los que estaban destinados, lo que fijaba su dependencia de los salarios derivados de esos trabajos considerados no cualificados.

Toni Negri (1980 [1979]) llamó obrero masa al tipo ideal que encarna, en ese ciclo, a una clase trabajadora altamente concentrada y homogeneizada y por ello también con un elevado potencial de presión, mitigado precisamente por el pleno empleo y el welfare state (Domínguez Sánchez-Pinilla, 2009: 2249).

Francia ha sido, históricamente, el país europeo con mayor cantidad de población inmigrante y el escenario de los mayores debates sobre las relaciones entre inmigración, nacionalidad e identidad, muy particularmente en lo que se refiere a las migraciones poscoloniales. Desde 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial, Francia fue el único Estado europeo que no conoció una emigración significativa y, a cambio, recibió habitualmente mano de obra extranjera, y ello sobre todo por dos razones: por su baja natalidad y por un modelo nacional que se quería universalista, basado no tanto en la filiación (ius sanguinis) como en la residencia (ius soli) y sobre todo en la asimilación de los rasgos culturales que se consideraban definitorios de la nación (Commission de la nationalité, 1988: 23-24). A principios del siglo XX la Francia metropolitana tenía un millón de inmigrantes, lo que suponía un 3% de su población. Los inmigrantes provenían sobre todo de países limítrofes como Italia o Bélgica, pero ya en 1910 hizo su aparición la inmigración magrebí, esto es, la procedente de Argelia (colonia francesa desde 1830), Túnez y Marruecos (protectorados franceses desde 1881 y 1912, respectivamente). Tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado francés se convirtió en una gigantesca oficina de empleo para trabajadores extranjeros, a través de un organismo creado específicamente, la Oficina Nacional de Inmigración (Office national de l’Immigration, ONI), que fomentaba a la vez que controlaba la inmigración. Aunque la intención de las autoridades era atraer a inmigrantes de otros países de Europa, lo que efectivamente ocurrió, se desarrolló extraordinariamente el flujo migratorio procedente de Argelia, sobre todo desde 1950.

Los migrantes argelinos,(64)que llegaban a Francia originalmente como «súbditos», pasaron casi sin transición a ser «extranjeros» a partir de 1962,(65)igual que los habitantes de otras colonias recién independizadas —Marruecos y Túnez, el África occidental francesa e Indochina—, que llegaron intensamente a lo largo de los sesenta y setenta y superaron enseguida en número a los inmigrantes de origen europeo (INSEE, 2012: 98-100).

En el Reino Unido, las migraciones estaban directamente ligadas a la historia del Imperio colonial británico. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña recibió a miles de soldados procedentes de sus colonias de Asia, África y el Caribe. Aunque la mayoría de los que sobrevivieron fueron repatriados tras la contienda, un número significativo de ellos se quedó en la metrópoli, asentados sobre todo en las zonas portuarias de Londres, Liverpool, Bristol, Cardiff, Glasgow y Hull. La mano de obra llegó en grandes cantidades tras la Segunda Guerra Mundial, con una composición diversa en la que destacaban, por un lado, desplazados de Europa central y del este, en algunos casos exiliados durante la propia guerra: polacos, bálticos, ucranianos… (Webster, 2008: 35). Por otro lado, comenzaron a llegar en gran número trabajadores procedentes de las colonias y

excolonias de Asia, África y el Caribe. La Comisión Real de Población (Royal Commission on Population) estimó en 1949 que las islas británicas debían recibir a unos 140 000 inmigrantes por año para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción de posguerra (White, 1994). Desde 1949 hasta 1962, cualquier persona nacida en una colonia británica tenía derecho a ser considerada ciudadana del Reino Unido y colonias (citizen of United Kingdom and Colonies, CUKC) con independencia del origen o situación de los padres. Ello favoreció la migración a Gran Bretaña de decenas de miles de súbditos de las antiguas colonias, entre ellos personas de cultura musulmana del subcontinente indio (India, Pakistán y luego Bangladesh), en ocasiones procedentes de terceros países (como Kenia o Uganda), de donde fueron forzados al exilio, en su calidad de ciudadanos británicos, cuando estos países accedieron a la independencia.(66)La mano de obra migrante se ocupó principalmente en la construcción, la industria y algunos servicios básicos como carteros, asistentes, etc.; por lo general, trabajos no cualificados con malas condiciones laborales y salarios bajos.

En otros casos, la inmigración no estuvo ligada a la —a veces escasa o inexistente— historia colonial del país. En los años cincuenta y sesenta el gobierno de la República Federal de Alemania (RFA) recibió a centenares de miles de trabajadores extranjeros para sostener el «milagro económico» (Wirtschaftswunder), frecuentemente mediante acuerdos bilaterales con los países de procedencia, como Italia (1955), Grecia (1960), Turquía (1961), Marruecos (1963), Portugal (1964), Túnez (1965) y Yugoslavia (1968).

Estos trabajadores ocupaban los empleos industriales menos cualificados y, en principio, dada su condición de «trabajadores invitados» (Gastarbeiter), no se planteaba su acceso a la ciudadanía, ni siquiera en el caso de los hijos nacidos en la RFA, que tenían únicamente un derecho de residencia. La República Democrática Alemana (RDA), por su parte, estableció también acuerdos con países del bloque socialista como Polonia, Mozambique, Cuba o Vietnam. En Holanda, gran parte de las migraciones tienen un origen colonial, procedentes de las Indias Orientales Neerlandesas (Indonesia) y de las Antillas holandesas y Surinam, en este caso a menudo en calidad de súbditos del Reino de Holanda (Surinam se independizó en 1975). Sin embargo, gran parte de la fuerza de

trabajo necesaria para la reconstrucción del país se hizo, como en Alemania, bajo la fórmula de «trabajadores invitados», procedentes del sur de Europa, Turquía y Marruecos, y de los que se esperaba que regresaran a sus países. Algo similar ocurrió en Bélgica —que formaba con Holanda y Luxemburgo la pujante región del Benelux—, que tuvo colonias en el Congo y Ruanda-Urundi, pero que extrajo el grueso de su mano de obra de convenios bilaterales con países del sur de Europa, norte de África y Turquía, por lo general en condiciones relativamente flexibles de trabajo y reunificación familiar.

La construcción del problema: cambio social, racismo y resistencia política

La problematización de la inmigración, esto es, su construcción como problema público, tiene varios ejes: en primer lugar, los cambios en la estructura productiva, que inducen a la generalización de un discurso y unas prácticas de problematización y subalternización de las poblaciones migrantes. En segundo lugar, las variaciones que se producen en los discursos racistas para justificar esa problematización, en relación con cuestiones ligadas a la identidad y los modos de vida europeos, que estarían amenazados por la inmigración y su voluntad de permanencia en los países receptores. Y, en tercer lugar, la emergencia política migrante, es decir, los diversos modos de subjetivación política en torno a los que se articula esa voluntad de permanencia, acompañada de una reivindicación de igualdad legal y social con la población autóctona.

Los cambios en la estructura productiva

En primer lugar, son esenciales los cambios en la estructura productiva a partir de los años setenta y las nuevas percepciones que lleva aparejadas del fenómeno migratorio. En el cambio de década, con la crisis de 1973 como gran hito, se inició un amplio proceso de reestructuración de las relaciones sociales cuyo horizonte era la emergencia de una nueva racionalidad económica y de una nueva constitución de poder. Dicha racionalidad seguía una secuencia liberal que vinculaba bajo coste salarial, aumento del beneficio empresarial, aumento de la inversión y expansión económica. La nueva constitución de poder fue una reacción del capital contra el antagonismo de clase a que llevaba la homogeneización de la clase trabajadora con la figura del obrero masa. La reacción capitalista ante la enorme capacidad de presión de la clase obrera comportó entre otras medidas el ataque directo a la fábrica como espacio hegemónico de la producción y la lucha de clases, la descentralización y externalización de los centros productivos y la centralización del dominio de clase. En la terminología de Negri (1980 [1979]), el obrero masa es reemplazado paulatinamente por el obrero social: la fábrica es sustituida por la sociedad entera como espacio de producción, conformando una fábrica difusa con nuevos patrones de influencia y legitimación en los que vida y trabajo se confunden, los trabajadores hacen propios los objetivos y valores de la empresa sin que exista una coerción evidente y en cambio no pueden en el nuevo escenario reproducir los esquemas

de lucha de clases empleados en la fábrica (Domínguez Sánchez-Pinilla, 2009: 2251). El Estado del bienestar comenzó a ser desactivado, aumentó rápidamente el paro y se establecieron nuevas pautas discursivas liberales que responsabilizaban a los trabajadores de su fracaso o triunfo, en un contexto de supuesta igualdad de oportunidades, y estigmatizaban a quienes pretendían «vivir del Estado». La movilidad social cambió de signo hacia un nuevo proceso de pauperización, y los inmigrantes como base de la pirámide social fueron quienes más acusaron este giro de los acontecimientos.

En este esquema posindustrial, la mano de obra industrial se presentó como innecesaria y la presencia de los inmigrantes comenzó a ser abiertamente problematizada. Si en los años cincuenta y sesenta los países europeos desarrollados necesitaban grandes cantidades de trabajadores para cubrir los puestos de menor cualificación, a medida que avanzó la reconversión industrial y la terciarización de la economía, se verificó, según Manuel Castells (1988) una «transformación de las relaciones capital-trabajo, en las que el capital ha retomado la iniciativa apoyado en las nuevas tecnologías aplicadas a la producción masiva, lo que origina un enorme incremento de la productividad, pero también un descenso de los procesos intensivos en mano de obra, lo que supone una amenaza a medio plazo de sustitución de los trabajadores por máquinas, de modo que el factor trabajo queda en una posición débil» (cit. en Pumares Fernández, 1998: 291). El fin del pleno empleo y el rápido aumento del paro propiciaron una serie de medidas para restringir la inmigración e incluso facilitar la repatriación, que tuvieron como efecto crear una persistente asociación en el imaginario colectivo entre el desempleo y la presencia de inmigrantes. En Francia, se sucedieron por ejemplo las circulares Marcellin-Fontanet endureciendo las condiciones para inmigrar; la crisis de 1973 como desencadenante directo de la decisión del gobierno Chirac de «suspender la inmigración» en julio de 1974; las ayudas al retorno voluntario en 1976-1977; los dispositivos para el retorno forzoso en 1978 y otras (Laurens, 2009: 9-10; INSEE, 2012: 98; Hajjat y Mohammed, 2016: 104).

En Alemania, se comenzó en 1973 a restringir la inmigración turca, doce años después de los acuerdos de inmigración con Turquía. En 1982, el gobierno conservador de Helmut Kohl puso en marcha un programa de retorno incentivado, al que se acogieron unos 100 000 turcos, de aproximadamente un millón y medio (Hecking, 2013). En cuanto al Reino Unido, había comenzado a deshacerse de su legislación de origen imperial con la ley de Inmigrantes de la Commonwealth de 1962, que ponía fin a la tradición de considerar ciudadanos a todos los nativos del antiguo Imperio y establecía criterios de entrada en el país. En 1968 una reformulación de dicha ley restringió aún más los requisitos, y en 1971 la ley de Inmigración unificó el sistema de admisión de extranjeros, fueran o no de la Commonwealth. En 1981 la ley de Nacionalidad creó tres categorías distintas de ciudadanos británicos (relativas a la metrópoli, los territorios dependientes y los territorios de ultramar) con derechos diferenciados. En 1986 comenzaron a exigirse visados para ciudadanos de algunos de los países que más habían contribuido al crecimiento económico, como los surgidos de la antigua India colonial: India, Pakistán, Bangladesh.

La cuestión, sin embargo, no era que la mano de obra inmigrante no fuera necesaria y se quisiera dejar hueco para la clase obrera local. De hecho, muchos nichos de trabajo siguieron siendo ocupados preferentemente por inmigrantes y la inmigración siguió creciendo, en los márgenes de las legislaciones cada vez más restrictivas o fuera de ellas, como ha seguido ocurriendo hasta la actualidad. Apareció entonces la criminalización de la inmigración irregular y la figura del inmigrante ilegal o sin papeles y se hizo habitual el tratamiento de las migraciones en términos deshumanizadores, con vocabulario que remite a fenómenos naturales o patologías (flujos migratorios, oleadas, presión migratoria, marea, avalancha, etc.) y a la ilegalidad (mafias, tráfico de personas) (Fekete, 2009: § 11.14-11.15). El estigma y las dificultades que pesaban y pesan sobre la inmigración son funcionales a la reorganización productiva y social. Por un lado, precariza y por tanto abarata la mano de obra, tanto la inmigrante como la local que se ve obligada a competir con ella. Por otro, el estigma crea un chivo expiatorio adecuado a las esperanzas frustradas de la clase obrera «blanca». El caso es que por esa razón, el «problema» de la inmigración pasó enseguida a ser un activo político. Ciertos discursos que comenzaron siendo patrimonio de sectores ultraconservadores y ultraderechistas ganaron hegemonía discursiva debido al marchamo de legitimidad que les dieron políticos y creadores de opinión de otras tendencias, hasta llegar a permear al conjunto del arco político, que se vio obligado a definirse respecto a ellos, y al conjunto social. En Francia, este proceso se llamó popularmente «lepenización» (Perrineau, 1997; Tevanian y Tissot, 2017), en referencia al líder del ultraderechista Frente Nacional (Front national, FN), Jean-Marie Le Pen. En 1978, Margaret Thatcher incluyó «acabar finalmente con la inmigración» entre las promesas electorales que le dieron la victoria (Brah, 2011 [1996]: 61; Greenfield, 2013) y hay que leer con ese prisma toda la legislación restrictiva que se fue desarrollando desde principios de los años setenta. Los cambios económicos, por tanto, pueden considerarse una de las causas inmediatas de la problematización de la inmigración y del hecho de que los hasta entonces llamados trabajadores extranjeros pasen a ser nombrados paulatinamente como inmigrantes y que su condición subalterna pase a ser considerada un problema que se expresa principalmente en términos de identidad (Cachón, 2008: 799; Laurens, 2009: 9).

Notas:

64, Argelinos en el sentido actual del término, ya que durante la época colonial quienes eran llamados y se llamaban a sí mismos argelinos eran los colonos europeos nacidos en Argelia, mientras que para la población de origen autóctono se empleaban términos como indígenas, árabes, musulmanes además de denominaciones coloquiales peyorativas. Cuando durante la guerra de independencia los nacionalistas se llamaron a sí mismos argelinos, se empezó a hablar de pieds noirs para designar a los que antes se decían argelinos (Coquery-Vidrovitch, 2007: 124).

65, La ciudadanía francesa se extendió a las colonias tras la Segunda Guerra Mundial, pero después de la independencia de Argelia, los argelinos residentes en Francia tuvieron que elegir y la mayoría renunció, por razones políticas, a la ciudadanía francesa en favor de la argelina, aunque sus hijos nacidos en Francia seguían siendo considerados franceses (Stolcke, 1994: 251).

66, Desde el siglo XIX, las autoridades británicas habían trasladado a una gran cantidad de personas desde sus colonias asiáticas a sus colonias africanas, pues como decía un administrador colonial, eran «mucho más baratos que los europeos y mucho más cercanos a la vida diaria de los nativos de lo que es posible para un hombre blanco», y sus intereses dependían completamente de los europeos (Brah, 2011 [1996]: 55).

Extraido de la TESIS DOCTORAL «ISLAMOFOBIA, RACISMO E IZQUIERDA»
Discursos y prácticas del activismo en España
Memoria para optar al grado de doctor presentada por DANIEL GIL FLORES

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