Mahfouda Lafkir, una ex prisionera política a la que el Gobierno español ha negado el visado en hasta dos ocasiones, es uno de los últimos rostros saharauis sometidos al hostigamiento del aparato policial marroquí

Lleva un mes con la policía secreta y los agentes de seguridad apostados en las inmediaciones de su vivienda en El Aaiún, la capital de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Mahfouda Lafkir, una ex prisionera política a la que el Gobierno español ha negado el visado en hasta dos ocasiones, es uno de los últimos rostros saharauis sometidos al hostigamiento del aparato policial marroquí.

“Llevo desde principios de mayo bajo asedio, tortura y abusos”, relata a El Independiente Lafkir desde su residencia, rodeada por las fuerzas de seguridad marroquíes. La activista denuncia haber sufrido una vigilancia constante desde el pasado 4 de mayo. Desde entonces, tal y como ha documentado desde una de las ventanas de su hogar, un grupo de hombres monta guardia en la calle a cualquier hora del día.

Los sucesos se han encadenado en las últimas semanas en un mes marcado por la escalada de la represión contra activistas y periodistas saharauis. El 10 de mayo, coincidiendo con la celebración del medio siglo de establecimiento del Frente Polisario, Lafkir fue atacada durante la visita al domicilio de la familia de su marido. “Me exigieron que abandonara inmediatamente la casa bajo la amenaza de irrumpir en su interior. Me marché porque quería evitar que entraran y pudieran hacer daño a los ancianos y las mujeres”.

Espiral de asaltos y maltrato

Una semana después, Lafkir fue asaltada en plena calle tras participar en una manifestación pacífica de mujeres en protesta por la ocupación marroquí de la ex colonia española. Las imágenes de la marcha, difundidas por la plataforma de periodistas saharauis Equipe Media, captan a un grupo de mujeres que caminan pertrechadas por banderas saharauis mientras un grupo de agentes de seguridad y policías de paisano las acosan y golpean.

Querían asegurarse de que sus crímenes contra mí no fueran fotografiados ni documentados

A finales de mayo las cámaras de vigilancia que Lafkir había instalado en su vivienda fueron destruidas. “Querían asegurarse de que sus crímenes contra mí no fueran fotografiados ni documentados. Esa misma noche, tras arrasar con las cámaras, me propinaron una paliza y atacaron a mi marido. Además, secuestraron y torturaron durante unas horas a mi hermano”, narra.

El acoso no ha cesado. La semana pasada agentes de seguridad trataron sin éxito de derribar la puerta de su vivienda y arrojaron piedras a las mujeres que se encontraban con ella. “Lo más peligroso es que intentan vengarse apuntando hacia mis hijos. Uno de ellos, que tiene 20 años, tiene que sufrir acoso e insultos diarios”, detalla. El acoso ha limitado sus movimientos y ha colocado bajo el radar a cualquier persona que ha expresado su solidaridad con Lafkir, en un caso que recuerda al martirio que también sufre la activista saharaui Sultana Jaya.

Lafkir es una de las activistas saharauis a las que el ministerio de Asuntos Exteriores español ha negado su participación en el programa de acogida de defensores de derechos humanos. En el caso de la joven, debía haber viajado al País Vasco bajo coordinación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“Algunos se preguntarán qué ha impulsado al Estado marroquí a perpetrar estos crímenes sin miedo a las consecuencias y a rendir cuentas”, señala la activista. “Lo que ha alimentado a los marroquíes es la complicidad europea, que calla ante un país que espía a sus parlamentarios e impide que las voces de los activistas de derechos humanos lleguen a todo el mundo”, apunta. Lafkir denuncia “la vergonzosa postura adoptada por el Gobierno español”. “El ministerio de Asuntos Exteriores se negó a concederme dos visados para tratamiento médico cuando fui invitada por el País Vasco con el pretexto de que realizaría actividades políticas durante mi visita”, explica. “¿Cuándo ha sido delito apoyar a los oprimidos?”, se interroga.

Escalada de la represión

El último mes ha sido especialmente virulento para los defensores de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. La cuenta de Equipe Media fue hackeada y los intentos de asaltar las cuentas de TikToj en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. « Es evidente que estos ataques tienen como objetivo silenciar a Equipe Media e impedir que informemos sobre la situación en el Sáhara Occidental ocupado », denuncian los artífices de la plataforma. El intento del bloqueo informativo sobre el territorio, calificado como «agujero negro» de la información por Reporteros Sin Fronteras, ha llevado a la expulsión de dos abogadas españolas, una letrada francesa y un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los métodos de hostigamiento que padece Lafkir también han alcanzado también al bloguero Yahdih Sabi, que recuperó la libertad a finales de mayo tras permanecer dos años entre rejas, denuncia a este diario el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA). Sus hermanos han sufrido también vejaciones e insultos. La organización ha exigido al Comité Internacional de la Cruz Roja y al Consejo de Seguridad de la ONU que «apliquen el derecho internacional humanitario y conduzcan de manera efectiva y tangible a la protección de los civiles saharauis en la parte ocupada del Sáhara Occidental».

¿Cuándo ha sido delito apoyar a los oprimidos?

A la persecución de quienes desafían la narrativa oficialista marroquí se une las denuncias de las condiciones inhumanas que sufren presos saharauis como Mohamed Lafkir, vinculado al grupo que organizó el campamento de protesta de Gdeim Izik, sofocado brutalmente por las autoridades marroquíes en noviembre de 2010. Sus parientes se quejan de que se le niega acceso a la asistencia médica adecuada y sus traslado​s​ a un hospital fuera de la cárcel en la que se encuentra.

Para alzar la voz contra las penurias que atraviesa, otro miembro del grupo de Gdeim Izik, Ahmed Sbaai, inauguró hace una semana una huelga de hambre en la prisión de la localidad marroquí de Kenitra donde cumple cadena perpetua. Lleva trece años entre rejas y denuncia no recibir la atención sanitaria que precisa como paciente crónico del corazón. En declaraciones a este diario, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis asegura haber documentado hasta seis ocasiones en las que el preso ha sido sometido a «decisiones abusivas relacionadas con el impedimento de recibir tratamiento médico fuera de la prisión».

Una espiral de abusos y violaciones de derechos humanos a las que el departamento que dirige el socialista José Manuel Albares siempre responde con evasivas. «Los derechos humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España. Desde el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países. Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los Derechos Humanos de manera global y en los casos particulares », esboza la respuesta que proporcionar a periodistas y parlamentarios cuando se interroga por la represión sistemática en el Sáhara Occidental, el último territorio de África pendiente de descolonización.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *